La transición y sus agujeros negros. El caso de García Juliá

Carmen Coimbra. El tórrido verano madrileño nos trajo la noticia del visto bueno del Tribunal Supremo de Brasil a favor de la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los condenados por el asesinato de cinco abogados laboralistas en Atocha en enero de 1977. El apellido García Juliá quizá les suene por ser el del actual presidente del Foro Español de la Familia.

Pero vayamos al tema del prófugo García Juliá. Resulta que este individuo, condenado por haber participado en el asesinato a los mencionados juristas, huyó de España hace treinta años aprovechando que estaba en libertad condicional. En diciembre de 2018 fue localizado y detenido en Sao Paulo (Brasil) como detalla El País.

Hay dos aspectos de esta noticia que queremos compartir. El primero es que, como recuerda ABC, la matanza de los abogados de Atocha pudo acabar con la incipiente democracia española. Pero, ciertamente, no sólo no la fulminó sino que reforzó la transición democrática al convertir en víctimas a los juristas asesinados, vinculados al Partido Comunista, formación política que fue legalizada en España en abril de 1977 -cuatro meses después del asesinato- en plena Semana Santa.

çNo faltan historiadores que se preguntan aquello de “Cui prodest”. Es decir, ¿a quién beneficia? El asesinato de abogados en Atocha ocasionó, ciertamente, víctimas reales, asesinados de carne y hueso. Por otro lado, la manifestación de apoyo a los juristas resultó, según el diario ABC, “un salto adelante para la consolidación de la Transición”.  Y despertó -a  juicio de algunos historiadores- una corriente de simpatía hacia los comunistas que permitió -sin especial dificultad- legalizarlos.

Los historiadores y testigos consultados por este humilde medio nos recuerdan que el partido Fuerza Nueva, dirigido por el notario madrileño Blas Piñar (que llegó a ser diputado), acabó sus días en 1982 gracias a la división interna alimentada por los numerosos infiltrados de los servicios secretos españoles en esa formación política. Interesante escenario que expondría con datos como los gobiernos de Unión de Centro Democrático enterraban de tapadillo a los asesinados por ETA -a cuyos miembros habían indultado- mientras reprimían con extraordinaria dureza (“torturas”, nos dicen) a lo que calificaban como “extrema derecha”.

El segundo aspecto de la noticia tiene que ver con la información no publicada. A este ‘Curioso’ le consta que fuentes próximas a la familia del prófugo García Juliá aseguraban, hace casi dos décadas, que su hermano había fallecido en tierras americanas. Y aquí lo dejamos. ¿Hubo alguna instancia política o administrativa que difundió el bulo de que el prófugo había muerto? Lo ignoramos. El diario La Razón aporta datos sobre otras “ocupaciones” profesionales de este individuo. Lo que parece claro es que García Juliá tendrá que acabar de cumplir sus 3.800 días pendientes de condena en España.

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